Estado de Derecho e inseguridad jurídica

En todos los países en donde existe un orden constituido, un orden jurídico público, el funcionamiento del llamado Estado de Derecho, todas las personas y sus instituciones están sometidas a las normas del Derecho. De tal manera dicho sometimiento es primordialmente a la Constitución, luego el respeto y el acatamiento a las demás leyes de derecho público y todas aquellas reglamentaciones que conduzcan al bien común.

El cumplimiento de las normas jurídicas en cada nación supone primeramente el no violarlas, luego disponer de medios positivos o adecuados para su realización y ello, en buena parte, es labor de los respectivos gobiernos. Indudablemente quienes deben dar demostración de cumplimiento de las Leyes son las autoridades: los gobernantes, los legisladores, los empleados de la rama judicial, todas las instituciones del Estado y jerárquicamente llega esa obligación hasta los jefes de familia, pues nada mejor que educar con el ejemplo.

Desafortunadamente en muchos países la corrupción comienza desde las altas esferas gubernamentales, los empleados públicos aceptan sobornos, algunos miembros del orden delinquen, algunos profesores piden “cuotas por equis motivos” a su alumnos, muchos padres de familia se ven involucrados en diferentes delitos y poco a poco la juventud que ha sido testiga del facilismo, enrumba su vida por el camino equivocado y termina inmersa en los vicios y la predisposición de conseguir todo con el menor esfuerzo posible.

No es justo bajo ningún concepto que en ciertos países no se respeten los convenios establecidos por el solo hecho de cambio del poder ejecutivo. Si las reglas varían de acuerdo al gobernante, reinará la inseguridad jurídica y ese país encaminará su destino a la catástrofe pues en el lado opuesto existen aquellas naciones que son reales paraísos fiscales en donde la Ley perdura por mucho tiempo.

La incompetencia política para contraatacar los focos de corrupción y de violencia ha hecho que algunos Estados no controlen realmente toda su jurisdicción, por consiguiente poseen ejércitos que son prácticamente monopolios de la fuerza, una administración pública tan burocratizada que es un calvario hacer algún trámite legal y lo más grave es que hay ciertos sitios en donde es casi imposible efectuar inversiones si se es extranjero pues las leyes cambian con las fases de la luna y esa fragilidad institucional y jurídica determina el alejamiento de: capitales, el desarrollo, el empleo y la vida digna de millones de seres humanos.