
Por ello se afirma con más contundencia que estamos asistiendo a una nueva etapa de “globalización armada”, que podría llegar a implicar el fin de la democracia formal, al menos tal y como la conocemos hasta el momento.
El final del llamado Estado de Derecho se podría llegar a producir de forma casi natural como resultado de los cambios institucionales que se han introducido en nombre de la “lucha contra el terrorismo”: por un lado, enormes poderes conferidos a la policía, al ejército y a los aparatos de seguridad; ingente capacidad de control político, mediático y económico sobre la sociedad; y por otro lado la indefensión de la sociedad civil, cada vez más desestructurada, abúlica políticamente, atontada por los medios de comunicación, temerosa y sumisa a las estructuras del poder.
La democracia en nuestra región está atravesando serios problemas como crisis de gobernabilidad, deterioro del nivel y calidad política que arrastra a algunas instituciones, declive de los partidos políticos y de los sistemas de partidos con ideologías capaces de ayudar al desarrollo integral, surgimiento de liderazgos mesiánicos y neo-populistas de diverso cuño.
Todo esto debería ser tratado por la vía de la revalorización de las instituciones y del propio diseño e ingeniería política, puesto que las oportunidades y retos de la democracia no deben gravitar o agotarse en las ideas o prácticas del caudillo de turno.