El Estado de Derecho en Ecuador

La Fiscalía colombiana ha considerado, luego de las indagaciones correspondientes, que existen indicios fehacientes que los ecuatorianos María Augusta Calle, asambleísta oficialista y el hermano del Ministro de seguridad interna, Marcelo Larrea; han colaborado en actos que son ilícitos en nuestro país. Pero no los ha acusado. La investigación no es sinónimo de acusación o de ser ya definitivamente una persona involucrada en algún delito.

La mayoría gobiernista de esa Asamblea ha condenado el inicio de las pesquisas y ha concluido muy a la ligera que eso constituye otro ataque a la soberanía de ese Estado. No existen noticias en donde hayan explicado en base de qué leyes o conceptos han tomado dicha resolución.

Me parece muy contradictoria la actuación de esos gobernantes pues su presidente expresó en días pasados que se investigue cualquier posible vínculo suyo con la guerrilla colombiana, en cuyo caso, de haberlo, renunciaría a su cargo.

Antes de cualquier acción errada, el cuerpo colegiado ecuatoriano debió estar al tanto sobre la juridicidad del asunto. Por un lado su primer mandatario pide ser investigado, por otro hay indicios de querer tomar acciones equivocadas respecto a las indagaciones hechas por nuestra Fiscalía.

Lo normal en estos casos es investigar los hechos, en toda indagación de cualquier delito, la persona señalada (si no tiene qué esconder), debe ir a donde el fiscal y pedirle que conozca de qué se le imputa, cuales son los hechos y desvirtuar los actos de los que se le acuse; de allí, si fuera necesario, la Fiscalía local sometería a juicio a los responsables y condenaría los delitos que se verifiquen pues eso constituye una parte integral de la realidad de un sistema democrático, y sobretodo, corresponde a un Estado de Derecho.

Pero en verdad Ecuador no vive un Estado de Derecho, de lo contrario la Fiscalía hubiera emprendido acciones no sólo contra los dos que he nombrado sino contra la mexicana y las dos colombianas que encontraron en la guarida de Reyes y que sigilosamente fueron llevadas a Nicaragua con el fin que evadan a la justicia colombiana.

A estas últimas tenían mucho de qué acusarlas:

Primeramente por conspiración contra la seguridad del Estado, estaban en territorio extranjero, con un grupo de delincuentes armados.

Participación en organizaciones guerrilleras, grupos de combate o células terroristas.

Se encontraban en un lugar con depósito de armas y municiones no autorizadas, y finalmente:

Asociación ilícita, no podían argumentar que estaban rezando el rosario con el padre Reyes.

No se puede argumentar que no haya habido sanción por falta de pruebas pues éstas estaban a la vista. No interesa la razón por la cual la Fiscalía ecuatoriana no inició un proceso contra dichas personas, todo eso sienta un mal precedente allí: cualquiera que sea acusado de esos delitos, de ahora en adelante, tranquilamente puede alegar que han dejado de ser tales según la última actuación de la justicia de su país.