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La seguridad jurídica está relacionada con el concepto de orden y el de derecho. Como realidad social está interpelada por la doctrina y la vida de los pueblos. En la medida en que la gente tenga conciencia de los derechos humanos, ésta comienza a exigir a la autoridad pública el respeto y la garantía de los mismos.
Seguridad jurídica como garantía del ejercicio del poder institucionalizado del Estado, adquirió importancia a lo largo del siglo XIX con la puesta en marcha de la aplicación de los derechos humanos, así como con el desarrollo de la ciencia jurídica y del positivismo en el que la seguridad jurídica se constituyó en elemento esencial del Derecho.
La seguridad jurídica, en su sentido positivo, se presenta cuando existen normas reguladoras de la conducta ciudadana, siempre y cuando estas sean previas, públicas, claras, manifiestas, y se apliquen a todos, por instituciones independientes que hagan parte de una estructura democrática.
Es la base esencial para el crecimiento económico de las naciones y del desarrollo estable de una economía de mercado basada en competitividad y la iniciativa privada; ya sea social, equitativa, solidaria o simplemente individualista.
La seguridad jurídica es el requerimiento de toda sociedad moderna y libre para desenvolverse racionalmente dando estabilidad a un país, a los agentes productivos y certeza a los ciudadanos de cuáles son sus deberes y derechos.
La sociedad sabe que existe el Derecho, que éste regula su existencia exterior y conoce sus preceptos. El Derecho se yergue como la instancia que determina todo a lo que el ciudadano deba atenerse en sus relaciones con los demás.
La seguridad jurídica como garantía de los derechos del ciudadano tiene arraigo en el "Common Law",
Precisamente la seguridad jurídica es llamada así pues se deriva directamente del Derecho. La seguridad, en la medida en que es un valor, es una manera posible de ser y ello es modo de la vida humana, de la existencia del ciudadano que se siente seguro de la vida colectiva que se desenvuelve en orden.
La sensación de seguridad emana de la existencia de un sistema regulador y prescriptivo de conductas y el Derecho cumple una función indispensable en esa función.
El los países en donde existe seguridad jurídica, no sólo incluye la seguridad de las instituciones, la paz, el orden, el interés en el progreso general, la pretensión y el deseo de la sociedad civilizada de tener alguna garantía contra los actos y la conducta que interfieran o sean un obstáculo al progreso económico, político y cultural; sino que en lo jurídico aplique el llamado “debido proceso” que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las normas constitucionales.
En épocas no muy remotas el proceso penal se desarrollaba atendiendo únicamente a las normas procesales, sin tener la menor preocupación de saber que existían los derechos que podía ejercer el acusado y las normas que limitaban el poder del Estado. (De ello hablaré próximamente).
En una nación en que las normas cambian constantemente, según el capricho del gobernante de turno, puede decirse que no tiene seguridad jurídica, y quien desee invertir en un país así debe saber que se le pueden presentar muchos problemas de orden legal debido al vaivén de las reglas, la corrupción de los servidores públicos, la doble moral y el sinnúmero de requisitos que hay que cumplir, sin tener la confianza de que al final todo ha de salir bien.
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